Congreso de la Ciudad de México elevó a rango Constitucional Ley 3 de 3 para eliminar violencia de género

• No podrán ejercer ni ser candidatas a cargos públicos las personas con sentencia firme por delitos en razón de género, ni deudores alimentarios
• Refrendamos nuestro compromiso con el movimiento feminista para seguir luchando brazo a brazo por el ejercicio pleno de los derechos de todas las mujeres: Martha Ávila

Iztapalapa, 23 de noviembre.- El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó diversas reformas y adiciones a varios Artículos de la Constitución Política y del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, a fin de eliminar la violencia de género, llamada Ley 3 de 3.

En la Sesión Ordinaria las diputadas y diputados aprobaron por unanimidad una reforma a la Constitución de la capital con la finalidad de evitar que los agresores de mujeres ocupen cargos públicos en cualquiera de los poderes e instituciones de la capital.

Al presentar el dictamen, el diputado Diego Orlando Garrido López (PAN), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, afirmó que esta reforma es una conquista ciudadana y del Congreso local,  que atiende al mandato de la reforma Constitucional federal del 29 de mayo del presente año y armoniza los ordenamientos locales con aquellos que esclarecieron que ninguna persona agresora o ausente con sus responsabilidades alimentarias es idónea para ejercer cargos públicos. 

Derivado de esta reforma, aquellos que hayan sido condenados en sentencia firme por la comisión de delitos sexuales, feminicidio, violencia familiar o que sean declarados deudores alimentarios morosos no podrán ser postulados para desempeñar un cargo de representación popular ni para desempeñar un encargo en el servicio público.

Asimismo, se adiciona un párrafo a la fracción primera del numeral 7 del apartado B del Artículo 27 de la Constitución local, para establecer los mecanismos necesarios que permitirán a los partidos políticos garantizar la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política en razón de género en sus procedimientos.