Al gobierno no le interesa la seguridad estructural de la ciudad: Damnificados Unidos CDMX

Por el sismo del 19 de septiembre, desde hace dos meses estamos fuera de nuestros hogares. El vacío mostrado por las autoridades, desde las primeras horas de la contingencia, nos llevó ante la necesidad de organizarnos. Conformamos un espacio construido de manera horizontal y democrática por quienes somos damnificados. Estamos unidos, de forma apartidista y rechazamos cualquier intento por distorsionar nuestras demandas para que se nos convierta en botín político y comercial.

En nuestro primer encuentro de damnificados, que agrupó a vecinos de más de 60 zonas dañadas, acordamos luchar por las siguientes demandas:

Exigimos que la acción del gobierno ponga al centro a los damnificados y su exigencia principal que es reconstruir, reparar y reforzar sus viviendas y edificios con recursos públicos

Las acciones de gobierno y la iniciativa Mancera consideran al damnificado como un ente pasivo, no como una persona a la que se le debe respetar su derecho a la vivienda y a que la autoridad lo respalde en las condiciones de emergencia.

Caravana de damnificados a dos meses del terremoto.

Las acciones del gobierno dejan la responsabilidad de la reconstrucción en los individuos y eluden la responsabilidad pública.

Denunciamos que los instrumentos de censo del gobierno no son confiables, como el semáforo y la Plataforma CDMX que no dan certeza. Hay muchos predios que no están registrados. Otros que cambiaron de categoría de manera arbitraria.

Hoy no existe responsabilidad administrativa de la operación de la plataforma. Tampoco se ha establecido un proceso formal de acceso al damnificado, que permita conocer las diferentes etapas y defenderse ante errores de la autoridad. Nadie lo audita ni verifica que no sea manipulado.

Rechazamos la discriminación a los sectores de vivienda media, que es un patrimonio construido con el trabajo de años y demandamos que se flexibilicen las reglas de operación de todos los programas destinados para a la atención de emergencia a fin de que cubran a toda la población.

 Demandamos que se garantice seguridad y trato digno en albergues y campamentos, así como que se amplíe el plazo para recibir los apoyos de renta.

El gobierno de la ciudad no genera certeza sobre el destino de la asignación de los recursos federales, aunque se estableció un fondo de 2 mil 500 millones de pesos es totalmente insuficiente y tampoco se sabe qué uso específico tendrá ni se ha explicado cuáles serán sus  mecanismos de transparencia, seguimiento y evaluación. Eso es riesgoso y aclaramos: es dinero de los damnificados, no para el gobierno de cualquier nivel o las empresas inmobiliarias.

Diversos órdenes de gobierno, desde las delegaciones hasta al gobierno central, han ofrecido como un gesto supuestamente “generoso” estudios estructurales.

Deben establecerse como obligaciones a cargo del erario público, en todos los tipos de afectación, no solo en el caso de demoliciones. El presupuesto público debe cubrir todos los costos de preinversión, como los estudios de mecánica de suelo, estudios estructurales, topográficos, las inspecciones de los DRO y todos los necesarios

El gobierno insiste en promover como una solución central los créditos. Los rechazamos por impagables. Las familias ya construyeron su patrimonio con esfuerzo propio. Los ciudadanos tienen derecho a la intervención subsidiaria y solidaria del Estado para reconstruir sus viviendas con recursos públicos, porque el bien común es la seguridad de la ciudad. Los créditos ofrecidos tienen tasas de interés escondidas, similares a las comerciales, son impagables y no son ninguna solución. Si se destinaron 38 mil millones de pesos al rescate bancario en este año, es totalmente legítimo que se incrementen los recursos públicos para la reconstrucción.

Rechazamos que se pretenda afectar la propiedad de los indivisos, mediante la redensificación por unilateral y porque perjudica nuestra economía, es inaceptable que el patrimonio físico de los ciudadanos afectados sea parte del pago al sector privado.

Es una irresponsabilidad del gobierno permitir que se incremente el peso a las estructuras que resultaron dañadas, cuando eso es el origen de derrumbes y afectaciones.

Rechazamos afectar las características de las viviendas o de los edificios afectados. Las obras de reparación y reconstrucción deben respetar sus dimensiones originales. Rechazamos que se ofrezcan soluciones de 45 metros de vivienda.

No aceptamos la redensificación; nadie puede disponer de nuestro patrimonio.

  No hay claridad, ni en la acción del gobierno ni en la iniciativa Mancera respecto de los  programas de apoyo, ni quienes les darán asesoría  y seguimiento a los trabajos de reparación  para la mayoría de los inmuebles que están clasificados en semáforo amarillo. Es insuficiente y parcial que se ofrezca el pago de los proyectos de reestructuración, eludiendo el pago principal: el costo de la obra.

 El gobierno es indiferente ante los actos criminales de las empresas inmobiliarias y personas involucradas en la defraudación a los damnificados por las irregularidades en permisos de construcción. Exigimos que ninguna de las empresas y personas involucradas en fraudes participen en las tareas de reconstrucción.

Exigimos que se establezcan acciones adicionales de respaldo a los sectores vulnerables, como los jubilados, pensionados, personas de la tercera edad y madres jefas de familia,  quienes requieren apoyo adicional.

Exigimos que no se oculten los costos de la reconstrucción. Cada peso de los recursos públicos debe ser auditado por expertos independientes del gobierno y con mecanismos eficientes de transparencia y rendición de cuentas.

Al gobierno no le interesa la seguridad estructural de la ciudad, por años se ha escondido el mapa de riesgos y no se ha actualizado; se ignoran los estudios del CENAPRED y de la UNAM Exigimos que sean la base para reformar las normas en materia de construcción y protección civil.

De manera categórica, rechazamos la aprobación de la Iniciativa Mancera porque no coloca al damnificado como una prioridad sino a los intereses comerciales y exigimos que toda política pública o instrumento legal sea diseñada con inclusión de los damnificados. Los damnificados exigimos tener una participación activa en toda decisión sobre las tareas de reconstrucción, reparación y reforzamiento. Desde  el 19 de septiembre hemos sido ignorados, queremos un diálogo auténtico que no sea una simulación, no vamos a legitimar esta iniciativa ni ninguna otra acción que sea contraria a nuestras exigencias.

Hacemos un llamado fraterno a damnificados de todas las zonas afectadas del país por los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre a unirnos y coordinar esfuerzos para expresar demandas comunes. Desde las primeras horas de la contingencia, en las zonas dañadas se manifestó la solidaridad de manera desbordada. Hasta ahora se sigue manifestando. Por esa misma solidaridad instamos a la ciudadanía a acompañarnos en esta lucha contra el olvido y por una vivienda digna y segura.

DAMNIFICADOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO