Proyecto de Constitución garantiza la no privatización del suministro de agua

El proyecto de Constitución entregado por el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, a la Asamblea Constituyente,  reconoce  el derecho humano y la no privatización del agua, aseguró el Consejero Jurídico y de Servicios Legales, Manuel Granados Covarrubias, en reunión de trabajo con la diputada por Iztapalapa, Janet Hernández Sotelo.

El agua es un bien público, social y cultural inalienable, inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. Su administración deberá ser pública o comunitaria, lo que garantizará la prohibición de privatizarla, advirtió el Consejero Jurídico.

Janet Hernández y Manuel Granados.

En su intervención Hernández Sotelo, también secretaria de la Comisión de Gestión Integral del Agua en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), solicitó a la Asamblea Constituyente que el abasto y distribución sean considerados entre los temas principales en el debate constitucional.

Explicó que la delegación Iztapalapa cuenta con 130 pipas, cantidad insuficiente para una de las demarcaciones con mayor cantidad de habitantes, por lo que alertó a cuidar el agua toda vez que “se prevé que en 50 años la ciudad estará seca, en caso de no usar de manera razonable el líquido”.

Luego de 300 días de activismo en pro del agua encabezado por la diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y en referencia con el recorte presupuestal para la Ciudad de México planteado por el Ejecutivo Federal, la legisladora enfatizó que se afectaría al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, lo que colapsaría la distribución del líquido en la metrópoli.

En este sentido, Manuel Granados mencionó que el gobierno “no puede y no debe” ser el único encargado de resolver los problemas de suministro a las colonias y recalcó que el proyecto de Constitución Política impulsa la participación de todos los sectores involucrados a fin de garantizar la sustentabilidad hídrica.

Granados Covarrubias enfatizó que ahora es responsabilidad y facultad de la Asamblea Constituyente determinar qué derechos y garantías permanecen en lo que finalmente será la Carta Magna e instó a los constituyentes a debatir el tema del agua con perspectiva de derechos y garantías.

Finalmente reconoció “el impulso” de la diputada Hernández Sotelo por abanderar  las demandas de la población por el vital liquido en la Ciudad de México.