Otra navidad sin casa para Damnificados Unidos

Iztapalapa, 24 de diciembre.- Estos momentos que tendrían que ser de paz y en el calor del hogar, no serán así para
miles de familias de Damnificados que no tendremos una Noche Buena. Al cierre de este
año nos encontramos nuevamente sin saber cuándo volveremos a casa. La próxima
publicación del Plan para la Reconstrucción no refleja nuestra posición crítica y
propositiva con la demanda de reconstrucción de vivienda adecuada, justa y digna, que
respete las dimensiones totales de nuestro patrimonio previas al sismo con cargo a fondo
público. Para ello insistimos que debe destinarse al menos el 5% del presupuesto anual
de la Ciudad y rechazamos cualquier esquema de redensificación.
Para quienes perdimos nuestro hogar durante el temblor del 19 de septiembre de 2017, la
Navidad de ese año fue especialmente triste y dolorosa. A la pérdida de vidas, al miedo y
al caos que generó el sismo, se sumó una gran incertidumbre acerca de lo que ocurriría
con nuestros patrimonios, pues padecimos una desatención casi absoluta de parte del
gobierno. Hoy, 15 meses después, los damnificados hemos logrado construir una ruta
para el regreso digno y seguro a nuestros hogares, sin embargo, aún se vislumbran
graves riesgos.
El domingo 16 de diciembre de este año, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el
comisionado para la Reconstrucción César Cravioto presentaron las líneas generales del
Plan Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de México, que si bien reconoce el
derecho de los ciudadanos a recuperar su patrimonio con cargo al fondo público y sin
convertirse en deudores de la banca, sigue sin garantizar que se haga en las mismas
condiciones previas al sismo y tampoco elimina la posibilidad de convertir la tragedia en
negocio inmobiliario través de la redensificación, entre otras cosas.
No conocemos a detalle el contenido de dicho plan, pues hasta el momento no ha sido
publicado, pero en la presentación quedó muy claro que se continuará promoviendo el
esquema de la redensificación, a través del cual, las empresas inmobiliarias pueden
construir de nuevo los edificios pero con más departamentos, para venderlos a precios
exorbitantes y con eso financiar la obra.
Dicho esquema se promueve diciendo que las personas recuperarán sus hogares de
manera “gratuita”, pero siempre terminarán disminuyendo el valor de su indiviso,
perdiendo espacio de lo que ya tenían, pagando una deuda (pues la comercialización de
los departamentos extras no cubre la reconstrucción total de los inmuebles) y en algunos
casos hasta perdiendo su patrimonio al no poder acreditar la propiedad del inmueble que
en muchos casos era heredado, estaba intestado, u otra situación jurídica.
La redensificación -tanto como las demoliciones apresuradas, sin justificación- libera
espacios que abren peligrosamente la puerta a la gentrificación, exponiéndonos al riesgo
de vernos despojados del territorio en el que tenemos arraigo, para convertirnos de
damnificadas(os) a desplazadas(os).

Una preocupación constante para quienes ya hemos logrado acceder a los fondos
públicos ha sido el tener que lidiar con el propio proceso de reconstrucción sin ser
especialistas en la materia y a sabiendas de que desde hace años se identifica al sector
de la construcción como uno de los más propicios para la corrupción, por la facilidad para
inventar o justificar gastos, inflar facturas, pedir o pagar sobornos para poder continuar
con las obras sin los permisos ni las condiciones adecuadas de o seguridad y demás.
Desde el inicio los damnificados, ciudadanos comunes y corrientes que nos vimos en la
necesidad de organizarnos para recuperar nuestro patrimonio ante un sismo,
demandamos que fuera el Estado quien ejecutara, supervisara y garantizara que el
proceso de la reconstrucción se llevara a cabo de manera correcta.
Sin embargo, el gobierno prefirió dejar en manos de los administradores de los edificios el
manejo económico de las obras. Se empiezan a dar casos en los que las empresas
constructoras se vuelven las principales promotoras de sus propias supervisoras y es
notorio que no existe un equilibrio entre quien realiza el trabajo y quien debe vigilarlo.
Por ello demandamos a la actual administración que abra una vía para que, quien ya haya
recibido el recurso y así lo decida voluntariamente, tenga la posibilidad de devolverlo al
Estado a través de un contrato de subrogación, y que sea éste quien se encargue y se
haga responsable del desarrollo de las obras.
Otra preocupación que este año nublará los festejos navideños será será la de saber que,
si bien el nuevo Plan reconoce el acceso a la vivienda de predios unifamiliares; éste sólo
considera hasta 350 mil pesos por vivienda en el caso de rehabilitación y de 65 metros
cuadrados en el caso de reconstrucción, montos y dimensiones claramente insuficientes
para garantizar el resarcimiento total a cientos de familias, por ejemplo en las alcaldías de
Tláhuac e Iztapalapa, en donde el promedio del tamaño de las casas supera por mucho
los 65 metros cuadrados y en ellas habitaban hasta 5 o más familias.
La tarde del pasado 19 de diciembre, cuando se cumplieron 15 meses de la tragedia que
nos echó a la calle, tuvimos una reunión con el comisionado Cravioto. Habían pasado 15
días desde que la nueva administración tomó posesión y no obtuvimos una respuesta
completa ni satisfactoria a la minuta de trabajo que entregamos como parte del proceso
de transición.
Seguimos esperando que nos presenten en su totalidad el Plan Integral para la
Reconstrucción de la Ciudad de México y demandamos que ello ocurra antes de que se
publique formalmente, pues no aceptamos ser simples espectadores de un proceso
decidido sin la participación de los afectados.
Esta será la segunda navidad que pasaremos fuera de nuestros hogares, y esperamos
que sea la última.(Boletín)

¡Damnificados Unidos serán reconstruidos!