Necesaria Ley de Sustentabilidad Hídrica con visión social para evitar conflictos

Al rechazar cualquier intento de legislar al vapor en un derecho como el agua, la diputada por Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz llamó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) a ser responsables y analizar con mucha profundidad el dictamen de Ley de Sustentabilidad Hídrica de la Ciudad de México, en el que participen la academia, especialistas y organismos que desde hace muchos años trabajan en este tema, vital para los capitalinos.

Advirtió que el nuevo marco jurídico en materia de agua debe ser escrupulosamente analizado y contar con la participación de los sectores científico, académico, social y gubernamental, con una visión social, nunca de negocio para unos cuantos, como se ha pretendido hacer a nivel federal.

Señaló lo anterior ante el intento -la semana pasada- de aprobar el dictamen presentado por las comisiones unidas de Medio Ambiente y Gestión Integral del Agua, por lo que demandó serenidad y darle todo el tiempo necesario para otorgar a los capitalinos una ley que beneficie a todos.

Aleida Alavez. Morena

En la Constitución de la Ciudad de México, que entrará en vigor en el 2018, no urge que este tema se discuta de manera apresurada, sino que se da el tiempo necesario para enfrentar uno de los mayores riesgos de conflicto social que tiene la ciudad como es la falta de agua.

Por ello, convocó a los legisladores locales a sumarse para que las leyes que regulen el derecho humano al agua sean consensuadas con la ciudadanía. No es sólo la ley del nuevo organismo que realizará las tareas de operación, es la planificación de cómo enfrentar desde el ámbito presupuestal, tarifario y de gestión pública, de lo que estamos hablando.

Esta ley debe dar respuesta a cómo enfrentar la escasez cada vez más aguda en la ciudad, incluso en colonias que nunca padecían de desabasto como las de Benito Juárez, y que mucho se pueden explicar por los grandes desarrollos inmobiliarios. Para ello, deben implementarse medidas muy específicas de cómo deben autorizarse estas obras y cómo los ciudadanos deben defender su derecho humano al agua.

Respecto de las tarifas, resaltó que es necesario discutir el destino y uso de los cuantiosos recursos que por servicios hidráulicos cobrará el Sistema de Aguas, pues en el dictamen de Ley de Sustentabilidad Hídrica se confunden las figuras de descentralización y desconcentración para el mismo organismo, producto de la falta de definición de la política hídrica.

De igual manera, el dictamen que fue circulado por las comisiones unidas de Medio Ambiente y Gestión Integral del Agua,  señala elementos para aplicar la estructura tarifaria, pero  no establece la competencia de quién hará la propuestas de modificación de dicho esquema de cobranza.

No es una ley más, es la política pública que debe acompañar a la ciudad durante por lo menos los próximos 12 años, plazo en el que nuestro país debe cumplir con la Agenda de Desarrollo Sustentable 2030 de la Organización de las Naciones Unidas.