Inminente apertura de ilegal verificentro en Sinatel

• GDF insensible a exigencias ciudadanas, privilegia negocios de particulares

El Gobierno del Distrito Federal “intentó ocultar” información sobre la construcción de un verificentro en el bajopuente de Circuito Interior y Andrés Molina Enríquez y “presiona” a las personas que interpusieron demandas de amparo contra las licencias otorgadas a la empresa MAC2 SA de CV para instalar el centro de verificación vehicular, informaron los vecinos afectados.

Todo listo para abrir ilegal negocio en un espacio público privatizado.

El verificentro se edificó en uno de los espacios incluidos en el programa de Recuperación de bajopuentes. Está prácticamente concluido y la manifestación de construcción expuesta tiene una vigencia de dos años a partir del 19 de enero de 2015. El aviso refiere como propietario a Operadora de Integración Urbana.

Vecinos de las colonias Unidad Modelo, Sinatel, Justo Sierra, Cacama y Bandijal documentaron que el permiso de operación del verificentro AO9011 fue otorgado con una dirección diferente al lugar donde fue edificado por lo que meses después la Secretaría de Medio Ambiente tuvo que autorizar un cambio de domicilio.

Esta es una muestra más de que la actual administración de la capital de la República encabezada por Miguel Ángel Mancera responde a intereses particulares antes que respetar la legalidad y los intereses de la comunidad afectada por la privatización de espacios públicos para que particulares hagan negocios.

“Empezaron a construirlo en octubre. Al principio no sabíamos lo que era. Le preguntábamos a los trabajadores y no nos respondían. Empezamos a pedir información, primero a la delegación (Iztapalapa) y después a las secretarías de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano y Vivienda, luego a Patrimonio Inmobiliario y fue así que nos enteramos que se trataba de un verificentro pero al principio no nos decían nada”, indicó Patricia Muñoz Mier, vecina de la colonia Unidad Modelo.

Los inconformes, que han realizado diversas protestas, aseguraron que personal de gobierno capitalino ha quitado las mantas en contra del verificentro y señalaron que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) no ha atendido a sus llamados.

En un oficio entregado el 26 de marzo en la oficialía de partes de la CDHDF se establece: “Hace 15 días protestamos, éramos como 50 vecinos y nos mandaron a los granaderos para intimidarnos y empujarnos hacía la banqueta. Nos habían dicho de la Tercera Visitaduría que les avisáramos por medio de un oficio o llamada para solicitar su presencia y nadie vino”.

Entre las acciones de la autoridad impugnadas por los ciudadanos se encuentra el Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR) por el cual se autoriza el “uso y aprovechamiento” del espacio público que hasta octubre albergaba una pista para trotar.

Muñoz Mier señaló a Pedro Bello del área de Concertación Ciudadana del gobierno capitalino como el funcionario que les ha solicitado desistir de sus demandas de amparo.(Agustín Salgado)