Granaderos tomaron el pueblo de Santa María Aztahuacán para resguardar pozo profundo

• Aztahuacán es un Pueblo Originario, no una colonia de Iztapalapa

Ante la entrada de mil 500 granaderos al pueblo de Santa María Aztahuacán en la delegación Iztapalapa, quienes resguardaron la entrada de maquinaria para la perforación de un pozo de agua, el diputado local del partido Morena José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, calificó el hecho como un acto de represión autoritario, que viola los derechos de los habitantes de un pueblo indígena reconocido por la Sederec, el INAH e incluso, por los registros de la actual secretaria de Gobierno, Patricia Mercado.

En conferencia de prensa, vecinos y legisladores exigieron a las autoridades capitalinas una asamblea con los habitantes de Santa María Aztahuacán donde se les informe sobre los hechos, se detenga la obra y los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública salgan de este territorio.

El diputado reprobó el uso del rumor que emplearon las autoridades capitalinas el pasado 19 de mayo, para mentir a los residentes, al decir que la entrada de granaderos se debía a la captura de un narcotraficante. Lo cual fue, a todas luces, una estrategia para que los vecinos no salieran de sus casas y no se opusieran a la entrada de maquinaria pesada para la perforación de un pozo en la Plaza de Santa Cecilia.

Ante estos actos, Suárez del Real y Aguilera adelantó que el partido Morena presentará, el próximo miércoles, un Punto de Acuerdo para condenar la acción policial, el uso del rumor y la falta de respeto de la delegada Dione Anguiano, quien el pasado 29 de marzo aseguró que la perforación y el funcionamiento del pozo no se llevarían a cabo ante la oposición vecinal.

Acompañando a los habitantes del pueblo de Aztahuacán, el diputado federal de  Morena, Renato Molina, criticó el uso de la fuerza pública para el resguardo de maquinaria en agravio de los ciudadanos iztapalapenses. La policía, dijo, debe de estar para garantizar la seguridad en la capital, sobre todo ahora que los índices delictivos van a la alza.

El legislador manifestó su desacuerdo con el actuar del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, pues no es la primera vez que los policías realizan funciones ajenas a su deber.

Al respecto, Angélica Juárez, habitante del pueblo, dejó en claro que la fuerza pública no puede entrar a la comunidad, ni las autoridades pueden disponer de sus recursos naturales porque Aztahuacán es un pueblo originario que se rige por sus propios usos y costumbres. Exigimos que nos dejen de tratar como colonia, somos un pueblo, subrayó.

Angélica Juárez denunció el acoso que viven las autoridades tradicionales, pues desde que manifestaron su oposición al pozo, han sido objeto de descalificaciones e intimidaciones. Ejemplificó que se distribuyeron cerca de 70 mil panfletos en los que se atenta contra el Presidente de las Comparsas, además, las autoridades cerraron los negocios de quienes se manifiestan de manera activa en contra de este proyecto.

Juárez manifestó que el desacuerdo de los vecinos radica en su desconfianza en las autoridades, pues aunque éstas les dicen que el agua del pozo será para los habitantes del pueblo, ya no les creen. Informó que ellos nunca recibieron agua de un pozo también ubicado en la Plaza Santa Cecilia, el cual está en funcionamiento desde hace 30 años.

Por su parte, Francisco Peña, también habitante del lugar, destacó que desde el 19 de mayo hasta la fecha, los granaderos se mantienen en las calles del pueblo, incluso, agregó, acordonaron 20 cuadras y apagaron las cámaras de seguridad durante siete horas.

Los vecinos reclamaron el actuar de Mancera, quien en el extranjero presume de los alcances de la nueva Constitución de la Ciudad de México en el tema de pueblos y barrios originarios, y en su territorio éstos son objeto de acoso.

El gobierno de la ciudad y el delegacional, violaron nuestros derechos a la autonomía y al respeto del territorio, a la consulta previa, libre e informada, al derecho de audiencia y a la transparencia y rendición de cuentas, reclamaron.