Iztapalapa, 21 de mayo.- En sesión extraordinaria la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la Ciudad aprobó el dictamen para reformar diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, con el fin de aplicar los principios de racionalidad, austeridad, transparencia y rendición de cuentas en el gasto público del Instituto Electoral de la CDMX.
El diputado Temístocles Villanueva Ramos (MORENA), presidente de la comisión, mencionó que el nuevo modelo electoral de la República Mexicana establece, a partir de 2014, una centralización de atribuciones de los organismos públicos locales con funciones limitadas, lo cual no se ha reflejado en las partidas presupuestales destinadas a este ejercicio, por lo que el dictamen sugiere la redistribución de funciones y fusión de instancias para hacer eficientes las funciones electorales reduciendo los recursos que se utilizan.
Asimismo, mencionó que entre los movimientos que se proponen está la fusión de la Comisión de Asociaciones Políticas y la Comisión de Fiscalización, mientras que la Comisión de Educación Cívica y Construcción Ciudadana se fusionará con la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos para crear la Comisión de Quejas, agregando sus respectivas facultades.
Respecto a estas medidas, mencionó, “se generará el mecanismo legal que facilite la actividad electoral y ponga en el centro del gasto el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía”, a lo que agregó, “no se puede hablar de una verdadera democracia si los problemas de igualdad no son atendidos de manera eficiente”.
El legislador refirió a los altos gastos por persona en materia electoral en la CDMX, el cual supera a entidades como el Estado de México, especificando que con la implementación de estas reformas se calcula un ahorro de 52 millones de pesos al año.
En su intervención, la diputada Gabriela Quiroga Anguiano (PRD) comentó que el organismo público no tiene certeza sobre cuál es el impacto de esta reducción presupuestal referente a sus funciones, sobre todo en cuanto a las áreas técnicas, lo cual requiere un análisis profundo con datos precisos.
Por su parte, el diputado Diego Orlando Garrido López (PAN) expresó su preocupación por la supresión de áreas técnicas, agregando que dicha institución tiene la facultad de realizar su propia reestructuración. Asimismo, comentó que la fusión de comisiones genera pérdida de funciones y personal especializado que es necesario para cumplir efectivamente con sus tareas.
El legislador Ricardo Rubio Torres (PAN) observó que, según tratados internacionales y leyes federales, todo órgano debe contar con una unidad de género y derechos humanos especializados en sus funciones e independiente de cualquier otra área que realice el órgano de gobierno.
Al respecto, la diputada Maxta Iraís González Carrillo (PRI) comentó que los funcionarios del instituto han manifestado su aceptación a la reingeniería, sin embargo, pidieron ser parte del análisis y las propuestas
Al tomar la palabra, la legisladora Daniela Álvarez Camacho (Asociación Parlamentaria Ciudadana) señaló que debe protegerse la autonomía del instituto y buscar otros mecanismos para generar ahorro en la capital. (Boletín)