Iztapalapa, 20 de marzo.- Como un ejercicio de Parlamento Abierto para dar voz a los ciudadanos,
empresarios y usuarios del transporte alternativo sin anclaje:
bicicletas, monopatines y motonetas se realizó la mesa de trabajo
Autorregulación y Contraprestación por el Uso del Espacio Público en
Materia de Vehículos de Transporte Individual sin Anclaje, organizado
por la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público del
Congreso de la Ciudad de México.
La diputada Gabriela Salido Magos, presidenta de la comisión, dijo que
es obligado escuchar a todos los actores, ya que no hay el conocimiento
suficiente de cómo funcionan estas empresas, por lo que es ilustrativo
para entender que dichas compañías de movilidad cubren una función,
misma que tiene costos de operación y riesgos, así como
responsabilidades, pero que, finalmente, proveen de beneficios a la
ciudadanía.
“Los problemas con la llegada de estos transportes fueron la no
definición de la contraprestación, la falta de condiciones de
seguridad hacia los usuarios, así como la inserción poco ordenada en
la comunidad”, dijo la legisladora.
Reconoció el esfuerzo de los empresarios por ordenar su servicio y
contar con una autorregulación que les da la oportunidad de trabajar
ordenadamente, con responsabilidad social de la empresa, una buena
imagen pública, además de garantizar óptimas condiciones de
seguridad.
Federico Reque, director de la compañía de bicicletas eléctricas
Dezba, lamentó la falta de ordenamiento en el espacio público, motivo
por el cual la empresa debe ser autorrestrictiva sobre en dónde –los
usuarios- pueden dejar las unidades.
“Hay una relación directa entre los vehículos rentados que circulan
en la calle y las quejas ciudadanas, por lo que confirmamos que al
reducir el número de unidades en tránsito se disminuyó en 80 por
ciento la cantidad de quejas, lo cual nos obliga a autorregularnos
teniendo un control cuantitativo, pero también cualitativo en el
número de unidades en tránsito”, explicó.
En la reunión se analizó el tema de contraprestación que deben pagar,
al gobierno, las empresas de movilidad para la explotación del espacio
público. En este sentido, Ramón de la Torre, especialista en Derecho
Tributario, dijo que se debe fijar una contribución de acuerdo con la
naturaleza del servicio que se presta, el tipo de bien público que se
explota, y los usuarios.
“Los consumidores están abiertos al bien público en general,
además, es un servicio que tiene un impacto positiva y negativamente en
el espacio público; por lo que el gobierno podría intervenir en la
creación de infraestructura especial que implica una derrama de
recursos que la autoridad debe ver cómo obtenerlos, y la carga
administrativa que implica regular los permisos de cada una de las
empresas”, explicó.
Luis Eduardo Avilés Pérez, también especialista en Derecho
Tributario, coincidió en el sentido de que el servicio de estos
vehículos sin anclaje se debe vincular a una aportación o impuesto que
coopere con el gasto gubernamental.
“Este servicio debe asimilarse con otros que se prestan a través de
aplicaciones móviles y que se han regulado poco a poco. Por ahora no
hay precedente en el tema de monopatines y bicicletas, entonces, al
haber un nuevo negocio, éste tiende a tener vacíos en las
legislaciones, mismas que se deben corregir”, comentó.
En esta mesa, Miguel Abad, de la empresa Movo dedicada a la renta de
motonetas y motopatines, propuso que las contraprestaciones deben ir
directo a impulsar las nuevas modalidades de movilidad sustentable en la
ciudad, debido a la carencia de transporte público y alta densidad
poblacional.(Boletín)