Ante la voracidad de las empresas desarrolladoras de megaproyectos urbanos, organizaciones de vecinos afectados por las obras exigieron a las autoridades actuales y entrantes una moratoria a más construcciones y respeto a la legislación vigente.
Luego de una movilización en la Asamblea Legislativa del DF, la Red Anáhuac por los Bienes Comunes hizo circular en las redes sociales un documento en el que solicitan “a actores políticos respeto al interior de nuestra organización y a nuestros métodos de toma de decisiones, ya que la heterogeneidad de posiciones es la base de nuestra riqueza para la toma de decisiones para el beneficio común”.
La Red Anáhuac por los Bienes Comunes, integrada por organizaciones sociales construidas por vecinos de colonias afectadas por proyectos de desarrollo inmobiliario y urbano, reafirmaron su “carácter apartidista, no lucrativo y estrictamente ciudadano”.
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Tlalpan Consciente
La incipiente organización vecinal capitalina indicó que ante la ola de megaproyectos que se están realizando en diferentes puntos del Distrito Federal y el área conurbada “emplazamos a las autoridades correspondientes (salientes y entrantes) a que sea declarada una Moratoria Urbana consistente en:
- La suspensión total de las obras que se realizan o proyectan en éste momento donde existe oposición de la ciudadanía. A la par de solicitar la solución de los problemas históricos que se presentan de manera urgente con el presupuesto existente para los megaproyectos.
- Que las instancias gubernamentales involucradas se comprometan a cumplir con su obligación de realizar los planes y programas de desarrollo a todos los niveles de gobierno con la participación integral de la ciudadanía.
- Que se brinde información clara, oportuna, transparente y suficiente para las y los ciudadanos del Distrito Federal y área conurbada.
- Se convoque a expertos, académicos, ciudadanos y funcionarios a la realización de foros de análisis acerca de pros, contras y problemáticas específicas de cada punto; la viabilidad y alternativas a cada uno de los proyectos.
- Aclaramos que no nos oponemos al progreso ni a la “urbanización”, siempre y cuando ésta última sea fruto del análisis de las necesidades locales, regionales en materia de movilidad, disponibilidad de recursos hídricos, mezclas de usos suelos y capacidades de carga ambiental y urbana.
- Que en las construcciones “nuevas” se garantice la ocupación efectiva de la infraestructura y su utilidad pública, así como los compromisos de flujos de información transparente y sin restricciones (como es el caso del segundo piso del periférico hecho en 2003, cuya información de proyecto, costos y bitácoras de obra se encuentran encriptadas hasta el 2018 por órdenes del GDF).
- La integración de la figura de “consulta ciudadana vinculante” para la participación de las y los ciudadanos en la prospección de cada proyecto, así como la participación en la planeación del Programa General de Desarrollo Urbano, así como los programas delegacionales y todos los programas y reglamentos que involucren la construcción de obra pública en la ciudad.