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Vecinos del oriente de la ciudad agrupados en colectivos ciudadanos acudieron a las inmediaciones del CETRAM Constitución de 1917 para manifestar su enérgico rechazo a la privatización de los 50 mil metros cuadrados en que se asienta la construcción.
En compañía de los diputados de morena en la Asamblea Legislativa, David Cervantes Peredo y Ana María Rodríguez, así como de Clara Brugada, los ciudadanos subrayaron su decisión de oponerse a la estrategia del gobierno capitalino que busca despojar a los habitantes de la Ciudad de México del “poco espacio común que aún queda”.
La legisladora local Ana María Rodríguez advirtió la determinación de organizaciones vecinales y de innumerables colonias, pueblos y barrios originarios para formar un Frente en la ciudad capaz de frenar la estrategia de la administración capitalina que privilegia los intereses de los desarrolladores sobre las necesidades de los ciudadano de a pie.
David Cervantes Peredo. Morena.
Cervantes Peredo señaló que el jefe de Gobierno presentó a la Asamblea Legislativa el Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU), cuyo propósito es, indicó, legalizar esta estrategia de depredación del espacio público sin consultar a la ciudadanía.
Lo más grave, añadió, es que, con el pretexto de mejorar el espacio público del Cetram Constitución 1917, se pretende entregarlo a mega-desarrolladores que sólo piensan en la obtención de ganancias. Por eso, reiteró, quieren aprobar el Programa General de Desarrollo Urbano.
Ante tal situación, agregó el diputado de morena, hemos presentado un Plan de Acción Pública contra la privatización del Paradero Constitución de 1917, en el cual expresamos nuestros sentimientos como ciudadanos y proponemos medidas para construir una ciudad de derechos, no de negocios.
Esta es, subrayó Cervantes Peredo, una jornada importante para decidir en qué ciudad queremos vivir.
David Cervantes informó que en varias ocasiones, por intermedio de la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, se le propuso a Miguel Ángel Mancera establecer una mesa de debates en torno de la vía idónea para mejorar el paradero. Pero se ha negado a informar y dialogar. Por tanto, no nos ha dejado otro camino que la acción jurídica,
El gobierno, agregó, justifica la privatización con el pretexto de que no le alcanza el dinero, pero se gasta casi 500 millones en un museo para enseguida entregárselo a desarrolladores. ¿Por qué entonces no se destinan a mejorar el paradero?, se preguntó.(Boletín)
