Asamblea Constituyente determinó que haya padrón único para todos los programas sociales
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La Asamblea Constituyente determinó que haya un padrón único para todos los programas sociales, y quedó prohibido a las autoridades de la ciudad, partidos políticos y organizaciones sociales utilizar las políticas y programas sociales con fines lucrativos o partidistas. Habrá sanciones a quien lo incumpla. Los programas sociales serán auditables y se manejarán con transparencia y rendición de cuentas.
Lo anterior quedó contenido en el artículo 22, referido a Bienestar social y economía distributiva, en lo correspondiente a la Política social.
Se aprobó que los programas de atención especializada y de transferencias monetarias y en especie que realicen el gobierno de la ciudad y las alcaldías, sean auditables y cuenten con un padrón único, con transparencia y rendición de cuentas.
Pleno de la Asamblea Constituyente
De igual forma contó con el apoyo mayoritario de los constituyentes el que la ley establecerá las características, prioridades, criterios de progresividad y plazos para los programas de atención especializada y transferencias, a fin de garantizar a largo plazo el acceso efectivo a esos programas.
A fin de evitar su uso indebido, quedó expresa la prohibición a las autoridades de la ciudad, partidos políticos y organizaciones sociales de utilizar las políticas y programas sociales con fines lucrativos o partidistas. Las leyes correspondientes establecerán las sanciones a que haya lugar en caso de que se incumpla lo anterior.
*PENDIENTE, INGRESO BÁSICO*
Tras el análisis y búsqueda de consensos que se realizó en el marco de la Mesa de Consulta, en la que participan los coordinadores de los grupos parlamentarios, se acordó que una comisión redactora propusiera un texto para el inciso g del apartado A, sobre el ingreso básico universal que por segunda ocasión aparece en un artículo de la Constitución.
Antiguo Salón de Plenos del Senado es el recinto parlamentario de la Asamblea Constituyente de la CDMX.
En la Mesa de Consulta se tomó un acuerdo inicial para que el ingreso básico no fuera “universal”. Es decir, que la aportación económica que debe hacer el gobierno de la ciudad no sea de manera general para todos los capitalinos sino que se establezcan grupos de atención prioritaria, como las personas en pobreza extrema; también se acordó en la Mesa de Consulta que esta legislación deberá tener reflejo en el artículo 14 dictaminado por la Comisión de Carta de Derechos, que había quedado pendiente de resolver ante la oposición de varios partidos respecto de la universalidad; parte del acuerdo es que se redacte un artículo transitorio en el que quede establecida la progresividad con la que deberá avanzar la aplicación del ingreso básico. Sin embargo, al término de la sesión no se alcanzaron acuerdos respecto de la redacción final, por lo que quedó pendiente.
Por otra parte, no se aprobó la creación de una banca de desarrollo, pero se acordó que la ciudad contará con instituciones e instrumentos financieros para el desarrollo económico y social. La propuesta acordada fue producto de un proceso de debate en la Mesa de Consulta, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo en la comisión.
El Gobierno de la Ciudad de México y sus alcaldías promoverán y fomentarán la economía social y la distribución de alimentos básicos a través de los sistemas de abasto tradicionales como son los mercados públicos, los tianguis, las concentraciones y los pequeños comercios.
Al presentar su posicionamiento sobre el artículo 22, el diputado Jaime Cárdenas, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se manifestó en contra al señalar que la concurrencia en la planeación de las políticas sociales por parte del gobierno con el sector privado, implicaría la privatización de la planeación.
Salón de Plenos de Asamblea Constituyente
*POLÍTICAS PARA FORTALECER LA ECONOMÍA DISTRIBUTIVA*
Para el bienestar de la población y la prosperidad de la ciudad, en este artículo constitucional queda asentado que las políticas sociales y económicas se concebirán de forma integrada, y su propósito será respetar, proteger y promover el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Los objetivos del proceso de desarrollo son el mejoramiento de la vida en los órdenes económico, social, ambiental y cultural para afirmar la dignidad de los habitantes de la capital, con la aspiración de constituir un Estado social y democrático de pleno ejercicio de los derechos.
La planeación, conducción, coordinación y orientación del desarrollo de la ciudad corresponde al gobierno y las alcaldías, y quedó aprobado que lo anterior se llevará a cabo en concurrencia con los sectores público, social, privado, para establecer un sistema social y desarrollo económico distributivo; y se garantizarán los medios de coordinación con el gobierno federal, las instancias metropolitanas, los sectores privado y social, y con la participación ciudadana.
*POLÍTICA ECONÓMICA DE LA CDMX*
En el apartado de política económica queda definido que su objetivo es aumentar los niveles de bienestar de la población, promover la inversión y la generación de empleos, con respeto a los derechos y promoviendo la expansión de las libertades económicas; se ejecutará bajo la rectoría gubernamental en coordinación con los agentes económicos, en el marco del régimen democrático y con participación ciudadana.
Pleno de Asamblea Constituyente
Se establece que los instrumentos propios de desarrollo económico de la capital serán una política de protección salarial y trabajo decente, una hacienda pública equitativa y redistributiva, cajas de ahorro y préstamo para la economía social y cooperativa y la constitución de fondos para proyectos destinados al equilibrio territorial.
En este apartado se instruye la creación de un instituto de emprendimiento, que será un órgano con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, que establecerá las políticas de fomento, creación, capacitación, promoción al financiamiento e impulso a los proyectos productivos y de iniciativa empresarial.
Para el fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas y de la economía social y solidaria, se crearán programas de fomento que agilicen y fortalezcan sus capacidades, competencias laborales y acceso al crédito.
La ley protegerá y regulará la política económica para promover el empleo y el ingreso digno, la innovación y una distribución más justa del ingreso y la riqueza. Se promoverá la protección y acompañamiento institucional a los emprendimientos económicos.
Se impulsará la vocación turística de la Ciudad en aprovechamiento del patrimonio histórico, arquitectónico, artístico, natural, cultural y de las tradiciones de sus pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas.
Por otra parte, se aprobó la creación del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México el cual será un órgano de diálogo público social y concertación pública. Tendrá carácter consultivo y propositivo. Colaborará con el gobierno local y las alcaldías en la promoción del desarrollo social incluyente, el cumplimiento de los derechos, el fomento del crecimiento económico sustentable en la viabilidad y equilibrio fiscales de la Ciudad y el empleo, y la justa distribución del ingreso.
