ALDF exigió resolver situación jurídica de colonia José López Portillo

El pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) exhortó hoy a la Dirección General de Regularización Territorial de la Ciudad de México que informe a este órgano parlamentario local, la situación legal y el estatus derivado del decreto de expropiación de predios de las Delegaciones Tláhuac e Iztapalapa y realice mesas de trabajo con los ciudadanos involucrados a fin de resolver los problemas generados por tal situación.

En un punto de acuerdo del diputado por Iztapalapa del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Iván Texta Solís, y leído en tribuna por el diputado de Tláhuac,  Raymundo Martínez Vite de Morena, se consideró urgente generar mecanismos de solución a la problemática que existe entre los habitantes e inmobiliarias, específicamente PRIDI, en las colonias Agrícola Metropolitana, de la delegación Tláhuac, y  José López Portillo, en Iztapalapa.

El punto de acuerdo señala que las enajenaciones que años atrás se realizaron bajo la promesa de la pronta instalación de servicios básicos, provocaron problemas jurídicos en la entrega de escrituras, en las que se han involucrado inmobiliarias y autoridades durante varios episodios con miras a distribuir y regular los predios, sin que  a la fecha se resuelva tal situación.

Salón del Pleno ALDF.

Manifiesta que en el caso de la colonia Agrícola Metropolitana, en noviembre de 1993 se emitió un decreto expropiatorio por causa de utilidad pública con la finalidad de que la Dirección General de Regularización Territorial procediera a realizar los trámites de escrituración; sin embargo, una sentencia judicial dejó insubsistente el Decreto Expropiatorio. En dicha demarcación, una inmobiliaria ha invitado a los colonos a suscribir un nuevo compromiso con ellos, sin reconocer pagos ni convenios anteriores con el Gobierno local.

En la colonia López Portillo de Iztapalapa, poblada desde 1976 por familias de escasos recurso provenientes de otras entidades del país, también se vive la misma situación, sus habitantes, como parte de la unión de colonos, firmaron un primer convenio de regularización con el entonces Departamento del Distrito Federal, representado por la Secretaría de Gobierno y la Comisión de Desarrollo Urbano; sin embargo, a la fecha viven en la incertidumbre porque no hay una solución al respecto.

El documento expone que el problema en ambas colonias deriva del acelerado incremento de la población en la Ciudad de México y el asentamiento de personas provenientes de varios estados de la República, quienes ante la necesidad de una vivienda forman asentamientos sin planificación y muchas veces son víctimas del tráfico ilegal y venta fraudulenta de terrenos, por parte de fraccionadores fantasmas que expenden el mismo lote hasta tres o cuatro veces.

Agrega que los terrenos de la colonia Agrícola Metropolitana  tiene su antecedente registral en 1918, cuando se inscribieron ante el Registro Público de la Propiedad local a nombre de la “Compañía Agrícola”, S.A.; posteriormente, en 1924, una vez liquidada la sociedad mencionada, se adjudicaron en favor de la “Caja de Préstamos para Obras de Irrigación y Fomento a la Agricultura”, S.A., y en 1961, “Inmuebles PRIDI”, S.A., los adquirió, pero al ir creciendo de manera desordenada en 1976 se empezaron a vivir problemas de incertidumbre legal.

Indica que corresponde a la Dirección General de Regularización Territorial promover y apoyar las acciones para tal fin, así como ejecutar los programas que se deriven, con la colaboración de los Órganos Político-Administrativos y los habitantes.

En tanto, que para garantizar el derecho a toda familia a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, establecido en la Constitución corresponde a entes públicos y privados garantizar la certeza de la propiedad, situación que involucra leyes como la de Prestación de Servicios Inmobiliarios, el Código Civil del Distrito Federal y la Ley de Expropiación.(Boletín)