Ley de Austeridad de la Ciudad de México busca terminar con la apropiación indebida de los recursos públicos

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Iztapalapa, 7 de noviembre.- La diputada Ernestina Godoy Ramos, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México (Jucopo) presentó ayer en Sesión Ordinaria,  la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley de Austeridad de la Ciudad, la cual es
aplicable a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a las Alcaldías y a todos los entes públicos en la entidad.

En Tribuna, la legisladora destacó que la iniciativa suscrita por los integrantes de Morena, es una respuesta al reclamo ciudadano expresado
en contra de la clase política que dispone de recursos públicos para su beneficio y  que asume como principio que tiene más derechos que el resto de la población.

“Proponemos acabar con los privilegios de una clase política transformada en clase social, terminar con la apropiación indebida de los recursos públicos para favorecer intereses personales de funcionarios y empleados públicos; recuperar la esencia de la función pública como un medio para servir a los ciudadanos y mejorar su vida”, afirmó la también coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena.

Ernestina Godoy. Morena.

Esta iniciativa con proyecto de decreto fue turnada para sus análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de  presupuesto y Cuenta Pública, a la de Transparencia y Combate a la Corrupción, con opinión de la Comisión de Administración Pública Local.

La iniciativa, subrayó la parlamentaria, “es un antídoto” contra la adicción al dinero de la clase política. “El servicio público no es para enriquecerse ni para lograr movilidad social, se trata de desterrar el pensamiento profundo de gobernantes y gobernados, la máxima cultural del priismo, ´un político pobre es un pobre político´, porque ahí radica el origen de buena parte de los males de esta nación”, complementó en Tribuna.

Por lo anterior, dijo, se busca dignificar al Congreso de la Ciudad de México ante los ciudadanos, revalorar la función social de los legisladores y alejarla de esa imagen de abuso y apropiación personal de recursos que son para atender las demandas de la población.

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